CARC

Declaración Conjunta

Las Redes Comunitarias de Internet reunidas en la primera Cumbre Argentina de Redes Comunitarias (CARC) nos reconocemos como actores estratégicos que contribuyen al ejercicio del Derecho a la Comunicación y a la Soberanía Tecnológica.

Nuestras redes constituyen el “primer kilómetro” de infraestructura si entendemos el acceso a Internet como un derecho y el objetivo es la apropiación popular de la tecnología.

El modelo comercial de prestación de servicios de conectividad reproduce desigualdades y no brinda respuestas a las poblaciones desatendidas por cuestiones geográficas y económicas, entre otras.

Desde las comunidades construimos nuestra porción de Internet y sostenemos redes con una mirada local, que respeta y potencia las diversidades culturales e identitarias situadas en los territorios.

Nos reconocemos a partir de la definición que elaboramos en la primera Cumbre Latinoamericana de Redes Comunitarias (CLRC), la cual proponemos adoptar en la regulación y las políticas públicas:

“Las redes comunitarias son redes de propiedad y gestión colectiva de la comunidad, sin finalidad de lucro y con fines comunitarios.

Se constituyen como colectivos, comunidades indígenas u organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro, que ejercen su derecho a la comunicación, bajo principios de participación democrática de sus miembros, equidad, igualdad de género, diversidad y pluralidad.

La información sobre el diseño y funcionamiento es abierta y accesible, permitiendo y favoreciendo la extensión de la red por parte de los usuarios.

Las redes comunitarias fomentan los servicios y contenidos locales, promueven la neutralidad de la red y la celebración de acuerdos de interconexión y tránsito libres y gratuitos con las redes que ofrecen reciprocidad.”

Ante la nueva etapa política que se abre en nuestro país y la reformulación de las políticas de comunicación, la nueva estrategia de conectividad debe contemplar a las redes comunitarias si pretende ser universal.

Se propone:

▸ El reconocimiento legal estatal a través de licencias, sin discriminación por ubicación geográfica o cantidad de población. Esto implica como primer paso eliminar en la Resolución Enacom 4958/2018 la limitación de 5000 habitantes para las redes comunitarias, que discriminan a aquellas redes que operan en zonas urbanas y periurbanas.

▸ El desarrollo de políticas y mecanismos claros y ágiles para la asignación de Fondos de Servicio Universal a redes comunitarias, sin importar su ubicación geográfica. El diseño actual del Programa Conectividad y los Aportes No Reembolsables impone una cantidad de requerimientos que funcionan como barrera para la asignación de estos fondos para redes comunitarias. Por ejemplo, la exigencia de un plan de negocios, libre deuda y comprobantes de aporte al Fondo de Servicio Universal cuando estas redes operan sin fines de lucro, no generan deuda con el ENACOM y al no facturar tampoco aportan a dicho fondo). Igualmente, la exigencia del aporte del 20% del costo del proyecto al beneficiario impide la viabilidad de este programa en el caso de las redes comunitarias.

▸ Interconexión y acuerdos de tránsito libre con redes estatales a nivel nacional (ARSAT) provincial o municipal. Esto no genera costo a los operadores estatales, pero potencia su capacidad de llegada a hogares a través de la capilaridad propia de las redes comunitarias.

▸ Regulación del ancho de banda mayorista para las redes comunitarias e invertir el esquema de precios para promover la universalización. Tradicionalmente el ancho de banda mayorista es más costoso en las zonas con peor conectividad. Esta lógica de mercado es directamente inversa a la necesaria para potenciar el despliegue exitoso de redes donde más se necesitan.

▸ Asignar o crear dentro del ENACOM o de la agencia u organismo que lo sustituya un área especializada que acompañe y colabore con las otras áreas en temas relacionados a las redes comunitarias y sirva de interlocutor con las comunidades.

▸ Impulsar las producción nacional de tecnologías libres destinas a las redes comunitarias y eliminar tasas, gravámenes y aranceles a la importación de componentes que aún no hayan sido sustituidos por producción local.

▸ Regular del precio del tránsito nacional e internacional. El precio de este recurso esencial para el crecimiento de las redes, no sólo comunitarias, debe ser regulado por el Estado para garantizar la ausencia de abuso de posición dominante. Entendiendo que es un mercado concentrado en muy pocos actores a nivel global, que establecen precios con total arbitrariedad, es necesario un análisis objetivo de la cadena de valor y establecer un precio regulado a partir de ese análisis.